Todo tiene solución

La violencia escolar, en sus diversas manifestaciones (discriminación, matoneo o bullying) es un tema que causa profunda preocupación a los padres de familia, a las autoridades académicas y a la entera sociedad, incluida la Iglesia, que no ha sido nunca ajena a esta problemática. Ha sido, de hecho, pionera en la lucha contra este terrible y creciente flagelo.

Mucho antes de que las instituciones del Estado –Corte Constitucional, Congreso de la República o Ministerio de Educación- posaran su mirada sobre el problema, la Iglesia en Colombia había dedicado al tema al menos dos Congresos Nacionales –el último de ellos promovido por el Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal de Colombia en el 2012- que dieron pautas, muy concretas, para establecer una convivencia escolar fundada en el respeto, la tolerancia y el diálogo. 

Durante muchos años, desde un enfoque educativo integral -basado en el fortalecimiento de las habilidades relacionales de los estudiantes y de sus familias, del cultivo de virtudes y valores personales- se han conformado grupos de prevención antibullying, se han establecido pautas para brindar atención integral a las víctimas de matoneo y se han fortalecido las “escuelas de padres”, incluyendo mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos intrafamiliares, dada la fuerte relación causal entre la violencia escolar y la violencia en las familias. Se trata pues de una perspectiva incluyente que aborda el problema desde sus más profundas y variadas causas. 

Lamentablemente, hasta el momento el Ministerio de Educación ha desconocido la riqueza de estas experiencias, pretendiendo abordar la compleja problemática de la discriminación y de la violencia escolar desde el reductivo enfoque de la “ideología de género”.

Este enfoque ideológico, que el Cardenal Salazar ha definido como “peligroso y destructivo”, no ha sido invención de la Ministra Parody. Se ha convertido en pieza imprescindible de las políticas estatales, no solo de este gobierno, que –hay que reconocerlo y denunciarlo- ha terminado potenciando la nefasta influencia de esta ideología, hasta el punto de incluir sus postulados en el texto de los acuerdos de paz. Es pues claro, que el problema al que nos enfrentamos es mucho mayor y más grave que el de las modificaciones de los manuales de convivencia escolar. La ideología de género, incluida en los acuerdos de paz, entrará –sin mayores debates- a hacer parte de nuestro ordenamiento constitucional. Algo se tendrá que decir también sobre esto…

Es en definitiva este enfoque ideológico sesgado, y no la lucha contra la discriminación o la violencia escolar, causa común de todos, el motivo fundamental de las preocupaciones, controversias y debates originados por las directivas ministeriales. No se puede tapar el sol con un dedo. Basta leer la lista de las instituciones contratadas por el Ministerio –aparentemente sin previa licitación- para poner en entredicho su objetividad y neutralidad. Y basta leer el contenido de las propuestas y las preguntas dirigidas a los rectores para darse cuenta que el objetivo perseguido por el Ministerio extralimita sustancialmente las competencias que la Corte Constitucional le confió.  

A juicio de varios expertos constitucionalistas, el Ministerio se extralimitó en su interpretación de la Sentencia T-478 de 2015. Dicha providencia no era un “cheque en blanco” que daba al Ministerio potestad omnímoda para imponer por decreto una ideología, desconociendo la sana pluralidad social y el respeto de otros derechos constitucionales amparados por la jurisprudencia de la misma Corte, como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la autonomía educativa o el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores y convicciones éticas, morales y religiosas, etc. Estos son los derechos que, como ciudadanos, reclamamos.

Pero todo tiene una solución. Existe siempre el recurso al dialogo. Estoy convencido de que la Señora Ministra escuchará el justificado clamor de la sociedad colombiana y los argumentos de millones de padres de familia que quieren –como ella- luchar contra la discriminación y la violencia, sin tener por ello que renunciar a su inalienable derecho a ser los principales educadores y formadores de sus hijos. De parte nuestra, como ha dicho el Cardenal Salazar, la voluntad de dialogar y de contribuir al bien común persiste siempre. 

Confío entonces en que, muy pronto, pueda establecerse entre el Ministerio de Educación, las Iglesias y los padres de familia un diálogo fecundo, con presencia de otros grupos sociales, que pueda enriquecer la lucha conjunta contra la violencia escolar y la discriminación, también contra las personas con tendencia homosexual, cuya dignidad y derechos deben ser siempre respetados. Esa es también misión que nos compete.

Recuerden que no nos manifestamos en contra de nadie –persona o grupo social- sino a favor de la familia, de sus derechos y libertades.

Mons. Pedro Mercado Cepeda

Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones con el Estado - Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Bogotá