El futuro del país depende de un acuerdo de paz inclusivo, que reconozca derechos humanos

La noticia que el gobierno colombiano y los guerrilleros de las FARC han acordado cese el fuego bilateral y definitivo, podría anunciar un nuevo comienzo para un país que ha sido testigo del conflicto interno de más larga duración en el hemisferio occidental. En medio siglo, por lo menos 220.000 personas han perdido la vida en Colombia, en contexto del conflicto armado; más de 25.000 han desaparecido; más de seis millones han sido desplazados, y miles de personas han sufrido violencia sexual.

Después de más de tres años de los diálogos de paz, damos la bienvenida al cese el fuego como un paso importante. Pero tenemos que ser realistas.

Las FARC es uno de varios grupos ilegales armados en el país. Otro grupo es el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que anunció en marzo el comienzo de conversaciones oficiales con el Gobierno, pero sigue demostrando su capacidad militar. A menos que el ELN también acuerde un cese el fuego bilateral y firme un acuerdo de paz negociada, no podemos decir que el conflicto armado ha terminado, ya que, en muchas regiones, las hostilidades y las violaciones a los derechos humanos continuarán.

También se reciben amenazas fuertes de los grupos paramilitares que se formaron originalmente en oposición a las FARC y que no lograron la desmovilización completa tras las negociaciones que terminaron diez años atrás. Estos grupos tienen influencia o control en las zonas cercanas a las históricamente controladas por la FARC. Todavía hay informes humanitarios del desplazamiento forzado como consecuencia de enfrentamientos armados entre estas organizaciones que disputan el territorio para uso de minería ilegal, tráfico de drogas y otras actividades criminales.

¿Si la violencia llega a su fin, que se requeriría para crear una paz duradera? En primer lugar, tendríamos que trabajar con comunidades que no han conocido otra cosa que el conflicto armado desde hace más de 50 años. El éxito de los acuerdos dependerá de lo involucrada que esté, en particular, la población rural. Colombia es un país muy diverso, tanto en lo cultural como en la forma en que el conflicto armado ha afectado a diferentes regiones. Esto exige una solución con enfoque regional, no simplemente planificada desde Bogotá.

Durante décadas, el país no ha tenido una política rural. Aquellos que viven en el campo no se han reconocido o representado por parte del Estado de manera adecuada. El primer punto de los acuerdos de La Habana es la reforma agraria, lo que -en caso de implementarse- requerirá profundos cambios políticos. Para ver la magnitud de desigualdad que hay en el país, sólo tenemos que mirar la enorme cantidad de tierra acumulada por muy pocos.

En segundo lugar, se deben reconocer los derechos de las víctimas del conflicto. Para la gran mayoría de la sociedad colombiana, la credibilidad del proceso de negociación dependerá de esto. Cáritas Colombia, trabaja con las víctimas para asegurar que sus voces y opiniones sean tenidas en cuenta por el Estado, pero nos enfrentamos a enormes obstáculos, entre ellos la corrupción que existe en todos los niveles, en particular con relación a la justicia. La gente simplemente no cree que el sistema judicial vaya a resolver sus problemas de manera satisfactoria. La solución no son más leyes, sino la creación de una cultura de la legalidad y la igualdad social.

Trabajando con el Gobierno, Cáritas Colombiana ha llamado la atención del costo real del conflicto. Nuestro trabajo con grupos locales en áreas de intensos combates ha sido especialmente significativo. Estas personas valientes, que a menudo levantan la voz con un inmenso riesgo para sus propias vidas, han desempeñado un papel clave en la promoción de una solución pacífica.

Los colombianos deben ser capaces de vivir en una sociedad libre de corrupción. Para que esto suceda, es necesario un cambio fundamental en lo público y en la política, con la violencia dando paso a una cultura que fomente la inclusión social y reconozca la dignidad humana.