Reformas que ayuden a los más pobres

No se puede seguir ocultando la necesidad que tiene Colombia de tomar unas decisiones muy profundas en el orden económico y social para que los más pobres tengan esperanzas reales de poder progresar en su vida personal, familiar y social. Los obispos católicos de Colombia lo han manifestado con toda claridad en comunicación emitida el 30 de abril de 2021: “Es imperativo que… se tome conciencia de la gravedad de los problemas que afrontamos…”. El DANE ha hecho saber en estos mismos días que ahora el 42% de la población colombiana se encuentra en situación de pobreza por las consecuencias de la pandemia y que esto ha significado un retroceso de 10 años en los logros obtenidos en la lucha contra la precariedad en las condiciones de vida de casi la mitad de la población del país. Todo se ha unido para dar pie a la violencia de grupos anárquicos que ya han causado destrucción y daños que, según los especialistas, ronda el billón de pesos. La situación realmente es muy delicada y su desenlace final dependerá de la sabiduría y la voluntad política del gobierno y del poder económico para suscitar nuevas realidades de esperanza.

Los obispos, en su mensaje, invitan a mirar con claridad los elementos que debería favorecer cualquier reforma económica: “servicio a la dignidad de la persona humana y el bien común”, “diálogo amplio sobre los puntos de la reforma”, “responsabilidad y transparencia”, “interés por el bien común, la equidad social y la justicia”. En efecto, es urgente recuperar la primacía del bien común, del interés general, como criterios ineludibles a la hora de gobernar y reformar. Persiste la sensación de que el Estado colombiano y sus gobernantes están asediados y dominados por grupos económicos, por intereses particulares, por excepciones escandalosas a la hora de contribuir con aportes en los impuestos, por grupos políticos que se benefician de la pobreza de millones de personas. Si el actual gobierno y también el Congreso de la República no son capaces de romper tantas ataduras, es muy probable que todo siga igual y que por tanto se suscite más inquietud social y, seguramente, una violencia creciente.

Los obispos, siguiendo el pensamiento del papa Francisco, proponen unos criterios para una reforma que genere bienestar en todos los niveles: multiplicar y fortalecer las formas de economía solidaria, incentivar toda organización solidaria, apuntar a la inversión social, resaltar el aspecto ético de la economía, austeridad en el gasto público, mirar en detalle cada reforma propuesta para no golpear a los menos favorecidos. Es decir, hay que moverse decididamente en el ámbito del bien común y con un pensamiento muy lúcido para ver de qué manera se favorece, protege y promueve a los más pobres. Esto no quiere decir de ninguna manera atacar a los ricos, censurar la iniciativa privada y de empresa, expropiar tierras u otras pertenencias de los particulares. Nada de eso. Pero sí un llamado vehemente a que los que más tienen sean justos y generosos y lo sean prontamente.

Colombia no debe cerrar los ojos a sus difíciles condiciones actuales. Tampoco a las consecuencias de seguir sin hacer las justas reformas que se requieren desde hace tanto tiempo. La ciudadanía es cada vez más conocedora de sus necesidades y derechos y no está en plan de tragar entero. Y, debe Colombia entera, ser consciente de que se está calentando un caldo de inquietud social que, de no será atendido rápida y eficazmente, nos puede hacer amanecer cualquier día bajo un régimen autoritario, con un Estado totalitario, violento y expropiador y donde perderán, no solo unos pocos, sino la nación entera. Quiera Dios que los que tienen el poder, cualquiera él sea, y los que escriben las leyes, tomen atenta nota para hacer lo que hay que hacer, sin dilaciones, con valentía y de cara al país. Mientras no se viva en un país justo y solidario, Colombia seguirá siendo un país desfavorable para la inmensa mayoría de sus habitantes.