Reformar el Estado sin destruir la sociedad

A las personas que realmente les preocupa la suerte de Colombia y que están activamente comprometidas en hacerla crecer y progresar para bien de todos, la agenda gubernamental de reformas, que está por llegar, las tiene seriamente preocupadas. No porque se niegue la necesidad de realizar grandes cambios en la vida colombiana. Más bien, la preocupación tiene que ver en la forma como se lleven a cabo, de manera que realmente signifiquen progreso para todos, servicios para todos, oportunidades para todos. Y se relaciona también la inquietud con la idea de que habría que comenzar desde cero, como si el país no hubiese tenido logros importantes en diferentes campos de la vida social, pues la verdad es que sí los tiene y son fruto de muchos años de esfuerzos y trabajo.

Aunque parezca demasiado obvio, es necesario insistir en que la primera idea que debe aparecer en todo el que esté sinceramente interesado en el progreso de Colombia, es el país mismo. No una persona en particular, un partido, una ideología. Y esta nación es una juntura de culturas, climas, territorios, costumbres, posibilidades. Tratar de darle una solución uniforme a todo es ya un error de juicio. Esto último tiene que ver con la noción de un Estado que pretenda dominarlo y dirigirlo todo, sin contar con la iniciativa de los ciudadanos en particular.

Si existen Estados que han fracasado en este intento de resolverlo todo han sido precisamente los latinoamericanos, siempre en deuda con sus ciudadanos por muchas razones, no siendo la menor de ellas la corrupción sin límites ni castigos y una ineficiencia generalizada y escandalosa.

Una reforma verdadera en un país como Colombia debe hacerse uniendo fuerzas, pues se requieren muchísimas, y no dividiendo ni destruyendo la sociedad.

El Estado tiene gran parte de esas fuerzas y de los recursos necesarios –provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos- y ha de ser actor principal. Pero la sociedad civil, la iniciativa privada y empresarial, los gremios, los profesionales y académicos, tienen la otra parte de la fuerza requerida, los saberes y experiencias, lo mismo que las comunidades locales.

La causa de los conflictos en Colombia tiene que ver demasiadas veces con una enfermiza tendencia a dejar a muchos por fuera de las instancias de decisión y ejecución. Debe ser posible de alguna manera el encontrar caminos de convergencia entre el Estado, los particulares, las empresas de servicios al ciudadano, las comunidades, para que entre todos se avance aún más y en todo. Porque, la verdad sea dicha, sí se ha avanzado mucho en temas capitales como salud, educación, vías, participación, sin desconocer lo mucho que todavía falta por hacer.

Hoy más que nunca se hace necesaria la concertación sobre las bases del bien común, de las necesidades reales de los colombianos, de lo que está funcionando bien y vale la pena conservar y de la supresión de lo que definitivamente no está produciendo resultados.

Concertación en torno a cifras y posibilidades reales y no a puros deseos. Concertación en torno a la verdad de cada aspecto, sin posiciones que omitan deliberadamente las evidencias tanto de lo provechoso como lo que no lo es. Y de la mayor importancia una concertación donde todos los actores, teniendo al ciudadano como eje de toda reforma o propuesta, aportan lo mejor de sí mismos y, también, con gallardía dejan de lado sus visiones parciales, o autoritarias o protectoras de privilegios.

Unas buenas reformas requieren muchos aportes de todos en todo sentido y muchas renuncias a lo que no aporta realmente al bien común. Que a nadie se le olvide que el objetivo de todo lo que se está planteando en diversas dimensiones de la vida social colombiana es seguir construyendo nación y Estado y nunca destruyendo ni la sociedad y mucho menos las personas. Tiene que ser posible.