Como si Colombia no tuviera suficientes problemas y conflictos, ahora la opinión pública está absolutamente asombrada (¿o no?) por todo lo que se revela en el entorno de la familia presidencial. Como en las peores épocas del nepotismo y del aprovechamiento del poder, personas cercanas al Presidente de la República, parecieran estar involucradas en situaciones que corroen toda autoridad y ejercicio del poder.
Y una vez más, pareciera quedar a la vista cómo el poder mafioso, tan citado por el Presidente, ahora habría tocado a personas muy cercanas a él. La verdad es que nadie parece estar a salvo de las millonadas que proceden del narcotráfico, y que este se ha convertido en un determinante –como el viejo elefante - de todo el acontecer nacional, especialmente en el campo político. Todo resulta muy grave.
Que los cercanos a los presidentes colombianos, y quizás de muchas naciones, se beneficien del poder no es nada nuevo, aunque siempre sea inaceptable. Un recorrido sobre este fenómeno en Colombia nos lleva a haciendas beneficiadas por obras públicas, a terrenos “volteados” en su uso para multiplicarle su valor, a aviones públicos convertidos en naves familiares, a embajadas convertidas en extensiones familiares y de amigos íntimos, a altos cargos del Estado prácticamente asignados a las roscas de siempre, etc. Es como si un grupo grande de personas estuviera esperando ansiosamente a que su pariente llegara al poder para asaltarlo todo y devorarlo rápidamente. Tal vez una forma de ascenso social.
Esta situación, es decir, que los cercanos a los Presidentes de la República se aprovechen del momento, trae al menos dos consecuencias. Deslegitima todo discurso de transparencia, de reforma, de cambio. Simplemente ahonda el desastre de siempre. Y, en segundo lugar, expone cada vez más en forma deplorable a Colombia ante el mundo y hace crecer la posibilidad de que el país comience a ser sancionado por la comunidad internacional, cosa que ya ha sucedido con sentencia jurídicas proferidas desde el exterior contra el Estado colombiano.
Podrían llegar sanciones económicas, por ejemplo, por la debilitada lucha contra los cultivos ilícitos. Estas sanciones exponen a la población a tragedias como la pobreza extrema, el hambre, la marginación internacional, la migración forzada. Podrían convertir a Colombia en una nación paria. Véase el ejemplo de otros países latinoamericanos.
Si todo lo que se ha dicho, y se dirá, sobre las actuaciones indebidas de personas cercanas por vínculos familiares al Presidente de la República, es cierto, el país tiene derecho a conocer la verdad y a ver una actuación pronta y transparente de la justicia, incluyendo la del ámbito electoral. Esto para bien, en primer lugar, del mandatario de los colombianos.
Si todo es cierto, nos preguntamos una y otra vez qué papel cumplen los organismos de control y vigilancia, a los cuales se les cuelan día y noche todos los monstruos de la corrupción sin que en efecto hagan ellos nada de relevancia.
Y, para terminar, si todo es cierto, queda claro que lo que dijo algún asesor político en campaña, en el sentido de correr la línea ética, no era un recurso retórico, sino un criterio de acción sin límites.
En cuanto a las familias que tiene el poder político en Colombia no hay duda de que el mal que causan es ilimitado. No nos digamos mentiras
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