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Nicaragua: “El régimen mira a la Iglesia como a su principal enemigo”

18 de septiembre de 2023
Aceprensa/ LUIS LUQUE

La abogada Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?” (foto: cortesía de la entrevistada) 

Un sacerdote nicaragüense llega desde Roma a su tierra para visitar a sus padres. Son malos tiempos para llevar alzacuellos en el país centroamericano: el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, arremete con saña contra la Iglesia, y el joven clérigo, férreamente vigilado durante su estancia, lo comprueba hasta el minuto mismo de marcharse, cuando recoge del suelo el pasaporte que le ha lanzado el funcionario: “Si regresa a Nicaragua, va a salir de aquí de Migración envuelto en una bolsa negra, hacia el cementerio”.

Su testimonio lo registra Martha Patricia Molina, una joven abogada que, por sus investigaciones sobre los casos de corrupción de la administración, se volvió incómoda para la dictadura. El régimen ha mostrado, además, muy poco entusiasmo con su informe “38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes utilizados en las cárceles de Nicaragua”, como también con otro más reciente y –lamentablemente– en constante actualización: “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?”.

En este último, Martha Patricia ha documentado hasta el momento 529 acciones hostiles del gobierno contra la Iglesia entre abril de 2018 y marzo de 2023; arbitrariedades y abusos que incluyen ataques a los templos –con destrucción de objetos sagrados y profanaciones–, pintadas amenazantes –“¡fuera golpistas – plomo!”–, agresiones físicas directas a miembros del clero y a feligreses, prohibición de procesiones, confiscaciones, destierros…

Se entiende que, con estos truenos, la abogada no esté en Nicaragua: se marchó en julio de 2021 a EE.UU. Inicialmente viajó solo para recibir un tratamiento médico programado, tras lo cual volvería a Managua, pero pudo más la advertencia de su madre: “Me dijo: si te regresás, llámame para comprar el ataúd, porque vos sabés que no voy a soportar verte presa. Por obediencia a ella me quedé acá”.

Allá dejó también a sus dos hijos –uno de ellos, menor–, vigilados por agentes del orteguismo. Y claro, hay amenazas contra ella y contra los suyos, lo mismo directas que encubiertas, “pero yo no puedo estar callada mucho tiempo; siempre tengo que expresarme, porque si no, creo que otros deciden por mí”.

— Hasta abril de 2018 se hablaba poco sobre las arbitrariedades del régimen. Pero ese momento fue un parteaguas…

— Se destaparon aquel año, pero eran asesinos desde antes. Daniel Ortega llegó al poder en 2007, tras unas elecciones que no ganó limpiamente, y desde el primer día les recordó a la policía y al ejército que habían nacido del sandinismo, y por tanto debían respetar y asumir sus posiciones. De antes de 2018 fue el caso del campesino Juan Lanzas, al que arrojaron a un servicio higiénico después de torturarlo tanto que hubo que amputarle las dos piernas. O el de Elea Valle, que perdió a sus dos hijos menores porque el ejército los violó, los asesinó, los enterró, y no dijo dónde. Eran casos previos. Podemos pasar días hablando de todos los casos.

La olla explotó en abril de 2018 por una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que perjudicaba a las personas de la tercera edad. Agarraron a los viejitos [que protestaban] y los vapulearon, los arrastraron. Todo eso molestó a la población, que salió a las calles, y fue entonces que comenzaron a asesinarnos. Según el MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua), fueron 355 asesinados, pero la verdad es que fueron más de 600. El MESENI fue expulsado en 2018 y no tuvo tiempo de seguir recopilando información y denuncias. Posiblemente nunca conozcamos las cifras reales.

En 2018 ya al régimen no le importaba nada: comenzó a asesinar, a reprimir, a hacer desaparecer. Muchas personas cuentan historias sobre casos de jóvenes a los que lanzaron al interior del volcán Masaya. El gobierno sacó a la calle a miembros del ejército y trajo a francotiradores de otros países. Todos los tiros a los represaliados eran certeros, en la cabeza o la garganta. Las armas que reportaron los organismos de derechos humanos no eran de las que tiene cualquier persona, sino solo el ejército.

— También desde entonces incrementó su hostilidad contra la Iglesia, según recoges en tu informe…

— Sí. Yo comencé a documentar los asedios a la Iglesia, porque a cada rato salía en los medios una profanación, un robo, un caso distinto, y yo empecé a sistematizar, a llevar los números. El día que publiqué el primer informe le pedí a Dios que protegiera a mi familia en Nicaragua, porque yo sentía la necesidad de que ese reporte saliera a la luz pública para que la comunidad internacional poco a poco se fuera dando cuenta de que la Iglesia estaba siendo totalmente perseguida en Nicaragua. No es lo mismo decir “hubo una profanación la semana pasada”, que decir “la dictadura sandinista ha atacado a la Iglesia en equis número de ocasiones”. El informe, gracias a Dios, ha tenido el impacto que me propuse, y todavía mi familia está con vida. Asediada, pero con vida. Algunas personas siempre tenemos que dar la cara por otros.

Un obispo en El Chipote

— ¿Se puede decir que, hasta 2018, el régimen respetaba a la Iglesia?

— Creo que lo que había antes era una paz disfrazada, ficticia. Nunca hubo paz entre la Iglesia y el gobierno. De hecho, en 2011 asesinaron al sacerdote Marlon Pupiro, y los planes eran matar al obispo Silvio Báez, hoy exiliado porque el Papa mandó sacarlo de allí.

En 2014 la Conferencia Episcopal entregó un documento a Ortega y a su esposa: “En búsqueda de nuevos horizontes”, un texto profético, que adelantó lo que ocurriría en 2018. La Conferencia se preguntaba qué iba a pasar en Nicaragua cuando se cerraran las ONG, pues el Estado no tiene presencia en todo el país. La dictadura cree que Nicaragua es Managua, y no es así. Hay más departamentos donde no hay presencia del Estado con políticas públicas. Los proyectos sociales de la Iglesia sí llegaban a estas personas. Pero ahora han sido cancelados, y también los de otras organizaciones sin fines de lucro. Eran más de 3.000 iniciativas.

La carta de los obispos molestó a la dictadura, porque no quiere que le digan la verdad en la cara. El gobierno cree que la Iglesia debe hacer como ciertos pastores evangélicos, que le rinden culto y pleitesía.

— ¿Es más tolerante el gobierno con el sector evangélico?

— Hay un grupo de pastores evangélicos que le hacen el juego, y por ello, por esta bendición de sus fechorías, obtienen algunas cosas. Hace poco, Cash Luna, un pastor guatemalteco, llegó a hacer un retiro de avivamiento y se lo permitieron. El retiro fue el mismo día que cumplía un año de secuestro Mons. Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa.

También a esas Iglesias evangélicas se les entregan terrenos, propiedades; se les permite hacer prácticamente de todo. Pero solo a cierto grupo, como digo. Hay otro, más grande, de pastores desconocidos, de pueblo, y a ellos sí los han reprimido. Ahora mismo se les cobra el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, algo ilegal, porque la ley establece que las iglesias están exentas. Es una forma de represión.

En cuanto el dictador se enteró de que Mons. Rolando Álvarez se negó a ir al destierro, decidió enviarlo a la peor cárcel del país, sin que mediara un juez

— ¿Tienes noticias de Mons. Rolando?

— De él no sabemos absolutamente nada. Solo que está secuestrado; que una vez se lo dejaron ver a la familia… Ahora mismo no sabemos si está vivo, muerto u hospitalizado. En las cárceles de Nicaragua se han practicado más de 40 métodos de tortura y tratos crueles e inhumanos, y a él no lo estarán tratando como a un ángel.

Los últimos sacerdotes que estuvieron presos y que lograron salir de la cárcel al destierro, a EE.UU., relataron todo lo que vieron, y es espantoso cómo los trataron. Desde su traslado de la sede episcopal a la cárcel de El Chipote, de Matagalpa a Managua, que es más de una hora, los llevaban arrodillados y con las manos detrás de la cabeza, y golpeándolos. En esa prisión, que es donde más se practica la tortura, los desnudaron y les tomaron fotos. Un trato denigrante total, mucho más para un sacerdote.

No creo que a Mons. Rolando lo estén tratando bien. Lo único que publica el régimen es lo que le conviene. Nunca va a sacar una imagen de Monseñor enfermo o golpeado. Por otra parte, no les importaría decir: ‘Mons. Rolando murió de muerte natural’, entregárselo en cenizas a su familia, y ya. No pasa nada.

Por eso la urgencia de sacarlo de allí; porque lo odian, principalmente la esposa de Daniel Ortega. Ella le tiene un odio visceral. La vida de ese hombre depende de esa señora y de Ortega, que en cuanto se enteró de que se negaba a subirse al avión para desterrarlo a EE.UU., dijo. “Va para El Chipote”. Ni siquiera un juez determinó que fuera trasladado de la casa a la cárcel, y rápidamente salió su condena de 26 años. No guardaron ni siquiera las formas inconstitucionales que ellos mismos han aprobado.

El caso de la UCA

— Háblame sobre el caso de la Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas, ahora confiscada por el régimen.

— Uno de los principales objetivos de la dictadura nicaragüense es liquidar por completo a la Iglesia Católica, y las agresiones van in crescendo. Ya no se trata de la profanación de un copón, por ejemplo, que para los evangélicos posiblemente no signifique nada. Confiscar una universidad va a perjudicar a toda la sociedad, y el régimen está yendo poco a poco a más en esto, a cerrar todos los espacios a la Iglesia. Ya ha clausurado 27 universidades, cuatro de ellas, católicas.

Con esto pretenden nacionalizar la educación. El sandinismo necesita que en el país no haya seres pensantes, personas críticas que le estén exigiendo rendición de cuentas a cada momento.

— ¿Qué motivos han argumentado para expropiar la UCA?

— Yo estudié mi Licenciatura en Derecho allí, y conozco a los jesuitas. Sé que llevan mucho orden en sus instituciones. Ahora la dictadura argumenta que ellos han incumplido el requisito de presentar sus estados financieros y la renovación de sus juntas directivas. Es totalmente ilógico. Podés entrar a la UCA, y desde que pones un pie, podés decir: aquí hay orden, disciplina y excelencia. No estuve allí solo un año, sino cinco, y vi cuál era la dinámica de los jesuitas. Es imposible que una de las universidades más prestigiosas de Nicaragua incumpla esas cosas mínimas.

Al funcionario público que se oponga al sandinismo o a su proyecto, se le aplica que la traición se paga con muerte o con cárcel

¿Qué sucede? Que los jesuitas no te van a decir: “Aquí está el documento, firmado por el Ministerio de Gobernación, que dice que presentamos el informe y nos lo recibieron”. No. Las organizaciones sin fines de lucro y la UCA van a presentar sus estados de cuentas y otras cosas que exige la ley, y no se las reciben. Ni siquiera les ponen un sello que dice: “No se lo recibimos en tal fecha”. ¿Por qué? Porque los sandinistas son tan perversos que no dejan pruebas de las maldades que hacen. Varias organizaciones lo han denunciado: han dicho que fueron y el Ministerio ni siquiera las dejó pasar del umbral. Es lo que está sucediendo.

— ¿Existe alguna mínima posibilidad de parar este atropello en los tribunales?

(No responde inmediatamente: hace una pausa para leer en el móvil una notificación que acaba de llegarle y que viene muy a cuento…).

— Acaban de cancelar la Compañía de Jesús. Estaba bajo la figura de organización sin fines de lucro. Le acaban de cancelar su personalidad jurídica. Ayer confiscaron la casa de los jesuitas, y hoy les cancelan la personalidad jurídica… Esto es para darle un enfoque jurídico al asunto, pero no lo tiene.

En Nicaragua no existe división de poderes ni institucionalidad. Todo lo que se haga es antijurídico. Ni sus propias leyes las están respetando: no respetan en ningún momento las garantías del debido proceso, ni las constitucionales. Tal parece, y estoy segura, que quien redacta toda esa información es la primera dama, que anda metida en todo. Doña Rosario es omnipresente. No se mueve una sola hoja en el país sin la voluntad de ella. Y si un juez osa hacer algo apegado a la ley, inmediatamente es destituido, juzgado, anulado o desaparecido. Al que se oponga al sandinismo o a su proyecto, siendo funcionario público, se le aplica que la traición se paga con muerte. Con muerte o con cárcel. Los jueces no pueden actuar de modo contrario. Tienen que seguir siempre sus directrices.

Ortega, peor que Somoza

— A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Cuba, donde el gobierno comunista, aunque hostil a la Iglesia, evita el enfrentamiento abierto con esta, el régimen de Ortega es frontal, aun cuando va contra sus propios intereses. ¿Por qué?

— Es una estrategia. Primero liquidaron las protestas ciudadanas. Después fueron contra los medios (la mayoría de los periodistas opuestos al régimen están exiliados). A continuación, aniquilaron a los partidos políticos. Después, a las organizaciones sin fines de lucro. De quienes quedan en Nicaragua, muchos no dicen ni pío.

Les quedaba solo la Iglesia, que denuncia las arbitrariedades. Los curas hablan del Evangelio, y este es una denuncia de los abusos. Las sacerdotes están permanentemente vigilados y se les graban las homilías. Imaginate vos: si un cura empieza a hablar de justicia, los paramilitares ya dicen: ‘Está intentando desequilibrar la paz del buen gobierno del presidente Ortega’. El régimen mira a la Iglesia como a su principal enemigo, porque los curas no pueden hacer una cosa distinta de anunciar el evangelio. Sin nadie más contra quien arremeter, la dictadura va contra la iglesia.

— ¿El régimen cuenta aún con algún respaldo?

— La dictadura se mantiene en el poder gracias a varios protectores: el ejército, la Policía Nacional, los paramilitares y los del CPC (Consejo del Poder Ciudadano). Los tres primeros tienen luz verde para asesinar, torturar y hacer desaparecer personas con impunidad; la misma que siguió al asesinato del P. Pumpiro. Agarraron a un tipo, le echaron la culpa, se declaró culpable, y al poco tiempo quedó libre.

Así está pasando. Los miembros del ejército te asesinan y nadie dice nada. Ni en Medicina Legal, ni en los juzgados. Las personas tienen miedo –y es razonable– de que si salen a protestar las maten.

Hace poco, por ejemplo, salió a la calle un expreso político, rosario en mano, a pedir por Mons. Rolando. A la media hora, escribió en las redes que estaba en esa jornada de oración, y se lo llevaron. No sabemos nada de él. Unas muchachas que han publicado en sus redes lo que ha pasado en la UCA han ido a dar a la cárcel… El que osa hablar, inmediatamente va preso.

Por otra parte, el gobierno tiene el apoyo de otros países: Cuba, Venezuela, Rusia, China y algunos Estados árabes terroristas. En cuanto a la comunidad internacional en general, estamos enfrentándonos a delitos de lesa humanidad, y la OEA y la ONU condenan al régimen a diario, pero tienen un doble discurso, pues financian a la dictadura con préstamos millonarios. Les pagamos para que nos repriman y asesinen.

— Y en cuanto a los mayores, los que vivieron el somocismo, ¿hacen la comparación?

— Toda dictadura es nefasta. Nuestros padres y abuelos, que sí vivieron esa época, nos dicen que fue muy cruel, pero que al compararla con la de Ortega, esta es más sanguinaria. Somoza respetaba a la Iglesia; acosaba a los curas, pero la Guardia Nacional permanecía como a dos o tres cuadras de cada parroquia, y no tocaban a los sacerdotes, y menos a los obispos. Les tenían respeto.

Aquella dictadura fue brutal, pero existe una diferencia con la de ahora: en aquel momento había una guerra entre dos bandos armados, mientras que en la actualidad es un gobierno armado el que está asesinando a un pueblo desarmado. No tenemos armas para responder; solo valores éticos, morales, cristianos, por los que sabemos que es malo matar. Lo único que tienen en las manos los chavalos y los otros que se manifiestan son sus celulares.

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