La encrucijada de las pensiones públicas en Europa

La Seguridad Social es tan importante para la cohesión social que necesita un gran pacto político para su reforma y una labor de explicación a los ciudadanos sobre su futuro. Francia es ahora la punta de lanza, pero el riesgo de colapso es general.

¿Están garantizadas en el futuro las pensiones públicas? Absolutamente. ¿Están garantizadas en el futuro unas pensiones públicas como las conocemos ahora? En absoluto.

Éste puede ser el resumen del estado de las prestaciones por jubilación que reciben y recibirán los europeos en los próximos años y decenios. Los sistemas de Seguridad Social, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, están haciendo agua, y los gobiernos se afanan ahora –quizá demasiado tarde– en intentar reconducirlos para evitar que ahogue las cuentas públicas. En España, por ejemplo, el pago de las pensiones supone ya el 12% del PIB y sigue creciendo.

El tema es que esa reconducción lleva indefectiblemente a una reducción de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos, y estos se resisten a perder sus derechos adquiridos. Esto es lo que tiene levantada en estos días a buena parte de la sociedad francesa, que reclama al Gobierno que retire una reforma que consideran lesiva.

El plan de reforma francés

Básicamente, el plan de Macron para reducir el déficit de las pensiones públicas prevé un aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2030, incrementar el periodo de cotización de 42 a 43 años para tener derecho a la pensión completa, asegurar una pensión mínima de 1.200 euros al mes –ahora está en 916 euros– y eliminar determinados privilegios a algunos colectivos como los trabajadores de los sectores de la energía y los transportes. También pretende unificar las pensiones y terminar con un modelo que recoge más de cuarenta regímenes distintos, que generan enormes diferencias en el importe de las distintas pensiones.

El sistema francés es de los más generosos de Europa con los jubilados, y en 2021 supuso un gasto del 14% del PIB. El Gobierno está sufriendo una prolongada huelga, y sindicatos, partidos de la oposición y estudiantes se manifestaron la semana pasada contra una reforma que, con las medidas de Macron o con otras, es imprescindible. En Francia, como en España, en Alemania o en Italia.

Un modelo pensado para otra época

¿Por qué es inasumible el modelo actual de pensiones europeo?

En primer lugar, porque está pensado para una sociedad distinta de la actual. Durante casi todo el siglo XX, cuando se implementan los sistemas actuales, el crecimiento demográfico hacía que hubiera en las sociedades más gente trabajadora que jubilada. Así, era relativamente fácil que las cotizaciones de los empleados sufragaran sin demasiado problema las prestaciones por jubilación. Ahora, la pirámide de población se ha invertido de forma drástica y ya no hay tantos trabajadores que cotizan en relación a los jubilados. En determinadas regiones de España, por ejemplo, ya existe un cotizante por pensionista. Y esto es inasumible.

Las pensiones de ahora no están en peligro, pero sin un cambio radical, las generaciones futuras no recibirán pensiones sino propinas por parte del Estado

Después, la vida media del jubilado que cobraba una pensión solía ser mucho más corta que la actual. Así, se ha pasado del cobro de una pensión de diez o quince años, a quince o veinte, lo que supone mucho más gasto.

En tercer lugar, tememos que los derechos adquiridos de los jubilados como la tasa de reposición –la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión– o el incremento anual de las pensiones exija unos ingresos a los que con los sueldos actuales no se puede responder. Así, por ejemplo, en 2022, la pensión media en España fue de 1.250 euros brutos mensuales –unos 1.000 euros netos–, mientras que el salario bruto medio –con impuestos y cotizaciones– fue de poco más de 2.000 euros –alrededor de 1.500 euros en términos netos–.

El sistema es, pues, insostenible, y un gobierno responsable debe plantearse su reforma. No porque estén en peligro las pensiones de ahora, sino porque sin un cambio radical, las generaciones futuras no recibirán pensiones sino propinas por parte del Estado. Es decir, con esta progresión de gasto de la Seguridad Social, solo con emisión de deuda se podrán pagar las jubilaciones de quienes ahora tienen menos de cincuenta años.

Recortes inevitables

La solución tiene varios caminos, pero implementarla solo tiene un final: las pensiones del futuro van a ser menores que las actuales. Lo que bajen dependerá de las medidas que se empiecen a tomar ahora, aunque este proceso se debería haber iniciado hace algunas décadas. En España, por ejemplo, se puso en marcha en 1995 en el Parlamento el Pacto de Toledo, con la intención de retirar del debate político el asunto de las pensiones y desarrollar desde él la reforma del sistema. El Pacto de Toledo ha dado algunos pasos, pero a la vista está que han sido insuficientes. Y esa reforma es urgente en toda Europa, porque en estos años se va a empezar a jubilar la generación del baby boom –los nacidos desde finales de los cincuenta y principios de los sesenta–, una generación muy numerosa, nacida cuando las economías de las familias europeas comenzaron a recuperarse de los estragos de la II Guerra Mundial –o de la Guerra Civil en el caso español–.

“Mi generación ha vivido por encima de sus posibilidades; hemos tenido pocos hijos y hemos ahorrado poco” (Monika Schnitner, presidenta del Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán)

Solo con un increíble aumento de la natalidad en Europa en los próximos años sería posible mantener el sistema de pensiones públicas vigente. Pero es algo que ningún estudio prevé en estos momentos. Además, los ciclos en esta materia son tan largos, que incluso si ahora se empezara a entrever un incremento del número de nacimientos –se empieza a notar en algunos países como Francia y Suecia–, sus repercusiones tardarían todavía varios lustros en notarse.

Una generación privilegiada

El debate sobre el presente y el futuro es general en Europa. Monika Schnitner, presidenta del Consejo Asesor de Economistas del Gobierno federal alemán, afirmaba hace unos días: “Mi generación ha vivido por encima de sus posibilidades; hemos tenido pocos hijos y hemos ahorrado poco”. Y ahora esa generación se empieza a jubilar y va a cobrar una buena pensión durante muchos años.

El Consejo de Economistas ha propuesto al gobierno de Scholz una serie de cambios en el sistema para garantizar el futuro, que están en línea con la reforma francesa: retrasar la edad de jubilación, desacoplar la subida de las pensiones al aumento de los sueldos y reducir las pensiones más altas.

En estos momentos, el Estado alemán transfiere a la Seguridad Social unos 100.000 millones de euros anuales para pensiones, la cuarta parte del presupuesto público. Los expertos calculan que, si se mantiene esta progresión sin cambios, en 2050 la mitad del gasto público alemán se dedicará a las clases pasivas, retirando recursos de la educación, las infraestructuras, la investigación y desarrollo, el empleo… “Esta situación estrangulará la economía”, dice Schnitzer. Solo la mera propuesta de los expertos ha generado ya una oleada de protestas en el país.

La inmigración no basta

¿Puede la mera evolución económica paliar la precaria situación de los sistemas públicos de pensiones? Evidentemente, un ciclo continuado de bonanza económica que mejorara la productividad e incrementara el nivel de empleo produciría un aumento de los ingresos por cotizaciones durante esos años, pero el problema del déficit de la Seguridad Social se repetiría en cuanto volviera una etapa de simple frenazo económico y, no digamos, de caída de la actividad. La favorable evolución económica ayudará a mejorar las cuentas públicas, desde luego, pero no ataca el fondo del problema. Es imprescindible un modelo que responda en épocas de crecimiento y de estancamiento.

Algunos expertos apuntan a la inmigración como otra fuente de ingresos al sistema público al aportar nuevos trabajadores. Pero no es fácil hacer previsiones sobre la incorporación de inmigrantes a medio y largo plazo, porque son muchos los factores que inciden en la llegada y en la salida: tipo de trabajos, situación política y evolución de la economía en los países de origen… Por ejemplo, en España se produjo una fuerte entrada de inmigrantes trabajadores durante la última etapa de crecimiento a finales del siglo XX –lo que ayudó, por ejemplo, a llenar la denominada ‘hucha’ de las pensiones hasta los 18.000 millones de euros–. Pero en cuanto empezó la crisis en 2007, los primeros que perdieron sus trabajos fueron los inmigrantes, y millones de ellos fueron volviendo a sus países en los años siguientes.

Si la pensión pública va a ir decreciendo en los próximos años, el ciudadano tiene la opción de ahorrar de forma privada para su jubilación si quiere mantener el nivel de vida una vez retirado de la actividad. Además de los productos financieros privados –que dependen de la capacidad de ahorro del ciudadano–, algunos Estados cuentan con sistemas que descuentan desde el inicio de la vida laboral al trabajador un porcentaje de la nómina que se invierte en un plan de pensiones promocionado por el Estado y gestionado por entidades financieras, que el trabajador lleva consigo durante su trayectoria profesional y sólo se puede rescatar tras la jubilación. Es una de las propuestas del Ministerio de la Seguridad Social español en su plan de reforma del sistema. Una medida que puede ser acertada desde el punto de vista del ciudadano porque le provee de recursos, pero que tampoco afronta directamente la necesidad de la reforma del modelo.

La Seguridad Social es tan importante para la cohesión social en Europa que merece una reflexión profunda entre los políticos para conseguir una postura común para su reforma y una labor de concienciación a la sociedad para explicarle por qué garantizar las pensiones públicas en el futuro va a suponer trabajar más y cobrar una jubilación pública más baja. Pero no hay otra salida mientras no cambien las condiciones actuales.