Popayán fue sede del primer foro de cultivos de uso ilícito

El 29 de junio de 2022 se realizó el Primer foro de cultivos de uso ilícito en el Colegio Champagnat de la ciudad de Popayán, un espacio de diálogo social que tuvo como fin generar una primera aproximación a las dinámicas de los cultivos de uso ilícito en su proceso de producción, narcotráfico y consumo. Allí, se generaron reflexiones en torno a los impactos y retos que ofrecen a la región, además, se socializaron posibles rutas y alternativas de acción ante esta realidad.

El foro fue organizado por la Provincia Eclesiástica de Popayán, conformada por la Arquidiócesis de Popayán, las Diócesis de Pasto, Ipiales y Tumaco; y los Vicariatos Apostólicos de Guapi y Tierradentro, con el apoyo del Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana.

Como ponentes principales estuvieron participando: Diego García, coordinador del área política de drogas para América Latina quien abordó el contexto internacional de los cultivos de uso ilícito y para profundizar en el contexto nacional intervino Ricardo Vargas, investigador asociado del Transnational Institute TNI en el programa de drogas y democracia.

Monseñor Omar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, señaló, “algunos invitados llamaron la atención sobre el título de este foro, inquietó que el nombre, Cultivos de uso ilícito fuera directo y explícito. Supongo que se intentaba señalar que convenía un tono más sutil, de modo que eventualmente no produzca resistencia o tenga ánimo estigmatizaste. Tal vez, habrá quien de modo competente y técnico tenga argumentos sobre este juego de palabras; de eso de trata también este foro, de aclararnos juntos. A nosotros como obispos, nos motiva que frente a ciertos temas podamos llamar las cosas por su nombre, sin el propósito de molestar a alguien, simplemente se trata de iniciar un camino de diálogo abierto”.

Adicionalmente planteó que como sociedad estamos llamados a confrontarnos con la fuerza de la razón sin acusaciones y sin señalamientos para comprender la realidad que no solamente nos afecta, sino que eventualmente nos supera. También compartió que la reciente elección del presidente de la república nos pone frente a un nuevo escenario y, por lo tanto, es necesario entender y acompañar la propuesta de un gobierno que sabe que debe enfrentar los grandes temas del país, entre ellos, los cultivos de uso ilícito.

“Tendremos que ver como este nuevo gobierno del Dr. Gustavo Petro implementará una política de paz, de una paz total y compleja; tendremos que esperar su agenda y perfil de colaboradores, su propia perspectiva. Se trata de llegar a una salida negociada con todos los actores que determinan estos territorios, y propiciar caminos de desarrollos sostenibles en las comunidades más afectadas, de hacer efectiva la paz territorial que tanto se evoca”, concluyó Monseñor Sánchez.

Por otra parte, dentro de las intervenciones de los panelistas principales, Ricardo Vargas hizo énfasis en las particularidades sociales de Colombia con las dinámicas de cultivos de uso ilícito señalando que la dimensión del conflicto armado interno es que lo que nos diferencia de otros países productores. Consideró que la presencia de grupos armados en: Cauca, Nariño, Arauca, Catatumbo, entre otras regiones –cada una con sus particularidades-  generan el incremento del portafolio de actividades ilegales, como, por ejemplo: la minería ilegal, el contrabando, el chantaje al comercio y las nuevas modalidades de control de las comunidades por parte de grupos armados.

A su vez, compartió un análisis comparativo en el que explicó, “en el norte del mundo hay una estrategia de la reducción de los daños, que es la idea de convivir con las drogas y evitar los daños que normalmente hace. Pero en el sur del mundo seguimos en un contexto de guerra contra las drogas y Colombia es uno de los escenarios más fuertes frente a eso. Continuamos con unos fenómenos de estigmatización, criminalización y señalamiento; con una idea de que los países que son productores tienen la responsabilidad de reducir la cantidad de drogas disponibles”.

Esta idea es conocida como estrategia de reducción de la oferta, en el foro se expuso que ésta se mide por áreas erradicadas, incautación de sustancias, extradiciones de narcos, insumos incautados y con base en eso, se mide el compromiso de los países -Estados Unidos está en constante vigilancia de esto-. “Esta perspectiva sigue vigente y ese es el desafío político más grande que tenemos por delante. La pregunta ahora es: teniendo en cuenta esta compleja lectura de los cultivos de uso ilícitos en relación con el conflicto armado en nuestro país, ¿podemos replantear en el contexto internacional una estrategia distinta?”, afirmó Vargas.

Desde otro punto de vista, el foro contó con la participación de Aida Quilcué, senadora electa por circunscripción especial indígena; en el espacio de diálogo compartió su idea sobre cultivos de uso lítico considerando que para los pueblos indígenas y para los pueblos étnicos la coca y marihuana son plantas sagradas, son la base cultural de sus pueblos y raíces. Planteó que gracias a la forma en como se han utilizado dichos cultivos los territorios en el Cauca y en la región del suroccidente sufren las consecuencias de la guerra, sumando además el olvido estructural y la pobreza han conducido a los territorios a acudir a la producción masiva para su uso ilícito.

“En los Acuerdos de paz en la Habana donde participamos como movimiento indígena colombiano con otros compañeros de la comunidad afro en la elaboración del capítulo étnico, se estableció una política desde las comunidades para generar programas que conlleven a la sustitución de manera voluntaria. Consideramos que hoy estamos en un momento en el que se puede tejer ese proceso, quiero reiterar que esos acuerdos no se han cumplido, por eso volvió la guerra a los territorios y todos los fenómenos sistemáticos que hoy estamos viviendo hoy. Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre Estado y comunidades debe ser mucho más fluida; estos temas no se pueden construir desde el escritorio sino desde las comunidades, desde los pueblos y desde las distintas organizaciones; para que seamos parte de la construcción de esta nueva Colombia”.

Como conclusión de este Primer foro de cultivos de uso ilícito, se sintetizaron seis puntos principales a partir de los aportes e intervenciones:

• El mayor obstáculo que se ha tenido para enfrentar los cultivos de uso ilícito en Colombia ha sido la imposición desde el contexto internacional porque se ha tratado de una lógica de combatir la oferta.
• En la región andina hay países que presentan un problema similar a Colombia, han optado por fórmulas distintas de políticas públicas que los hacen tener opciones de acción estratégicas.
• En Colombia se necesita una intervención que comprenda la complejidad del conflicto armado interno. En Colombia se presenta la convivencia de múltiples conflictividades que se superponen y los grupos armados generan control social sobre los territorios.
• Es necesario replantear la idea de la reducción de la oferta, lo que podemos hacer como Colombia es renfocar el desarrollo rural por medio de indicadores de transformación territorial. Transformar los territorial reconociendo: 1. las diferencias 2. las transiciones y 3. la convivencia.
• Frente al dilema de los grupos armados ilegales resulta importante retomar la iniciativa del Gobierno electo acerca de la paz total, la idea de trabajar con las comunidades y generar diálogos humanitarios fortaleciendo las iniciativas comunitarias y de las guardias étnicas.
• La importancia de generar procesos de diálogos sociales y lograr pactos, reconociendo las oportunidades, los desafíos y el tiempo que se requiere para ello.