Monseñor Héctor Fabio Henao habla sobre el conflicto armado y la paz en Colombia

En una entrevista publicada en el Diario El Tiempo, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, actual encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado colombiano; además representante de la Conferencia Episcopal (CEC) ante el Consejo Nacional de Paz, habló sobre sus proyectos luego de dejar la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social, cargo que ocupó por más de 25 años y se refirió también a la agenda de paz en Colombia, permeada por un proceso electoral en camino.

"Estamos en ronda con los candidatos"

Encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado colombiano; representante, además, de la Conferencia Episcopal (CEC) ante el Consejo Nacional de Paz, monseñor Héctor Fabio Henao no descansa. Y esto, a pesar de haber dejado recientemente la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social, un cargo que desempeñó por más de 25 años.

Por estos días, sus horas se pasan entre viajes a diversas regiones del país y entre reuniones con candidatos a la Presidencia, para alertar al próximo presidente de la República sobre las graves emergencias humanitarias que deberá enfrentar.

Desde que usted asumió la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social hasta ahora, que entrega el cargo a otra persona, ¿cómo se ha transformado la posición de la CEC frente al conflicto armado?

La CEC ha ido profundizando un relacionamiento mucho más cercano frente a la problemática humanitaria de violación de derechos humanos (DDHH). En 1996, cuando yo recibí el Secretariado, estábamos comenzando a tener una percepción diferente. En esa época publicamos el primer informe sobre desplazamiento forzado en el país. Fue la CEC la primera institución que habló sobre el tema y ese informe nos llevó a buscar que se creara una ley y, después, a tener un trabajo muy intenso frente a la Corte Constitucional.

Haber entrado a profundizar el asunto y haberlo identificado como una violación masiva de DDHH nos ayudó a tener una ruta mucho más definida frente a cómo posicionarnos de cara a la situación. Después hemos entrado en contacto con otras realidades, pero la dureza del conflicto, la forma tan abierta como actuaron actores claramente enfocándose contra poblaciones indefensas y vulnerables, y la manera como, solamente por intereses económicos y por control territorial, fueron atacadas poblaciones que habían sido muy distantes del conflicto armado, obligaron también a la CEC a ir teniendo posiciones mucho más precisas, en términos de violación a los DDHH. En ese sentido, hoy se tiene una perspectiva mucho más enfocada hacia esas realidades.

¿Cuál será su nuevo rol dentro de la CEC?

En este momento estoy trabajando en las relaciones Iglesia-Estado. De hecho, un primer paso que se está dando es el de dialogar con los candidatos a la Presidencia de la República. Vemos como una urgencia definir claramente cómo podemos seguir esta interlocución. La Iglesia tiene que ayudar a que todos estos clamores que vienen desde el territorio con los sufrimientos de la gente puedan ser objeto de discusión, de análisis y de toma de decisiones, de manera muy propositiva.

Además, yo soy el representante de la CEC en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, un mecanismo muy pluralista de participación, en el que está representada la sociedad colombiana con sus distintos actores. Es parte de esta función y en calidad de tal he estado acompañando a los consejos territoriales. La idea es seguir fortaleciendo ese vínculo y perfeccionando esos mecanismos de diálogo.

Hablemos sobre la agudización del desplazamiento forzado

El desplazamiento había bajado en intensidad, ha tenido unos grandes picos, pero ahora vuelve otra vez a ser muy preocupante. Está subiendo y tiene que ver, en parte, con la disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico; pero también, en muchos casos, con la necesidad de acallar poblaciones que podrían trasmitir información a organismos internacionales y a las mismas autoridades sobre las difíciles situaciones en las que viven.

El confinamiento también es una realidad en Colombia. Hay poblaciones que no pueden, ni siquiera, desplazarse por la presencia de actores armados ilegales. Un fenómeno muy complejo. Nosotros esperamos que el país encuentre los caminos para prevenirlo. Hay que mantener la atención sobre las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo; mantener mecanismos de prevención muy ágiles, de respuesta rápida frente a esos llamados, porque, indudablemente, la realidad de desplazamiento es muy grave hoy.

Recientemente usted viajó a Arauca, invitado por los principales representantes de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Qué está pasando en dicho departamento?

De los asesinatos de este año, un número muy importante, la mayor parte han sido en Saravena. Por eso fuimos allí. En Arauca nos hablaron de grupos que se han confinado por miedo a la situación, entre ellos los excombatientes. Nos hablaron también sobre más de tres mil personas desplazadas. Una situación muy difícil, porque hay quienes han salido huyendo pero no aparecen registrados como desplazados. Muchos están en Bogotá y en otras ciudades, dispersos por el país.

La región vive una situación muy compleja. Ha habido una alerta de las organizaciones de la sociedad civil, buscando protección y apoyo; un clamor muy fuerte por mecanismos efectivos de protección a la población y por que se dé respuesta a la situación de amenazas.

¿Qué opina de la reacción del Gobierno frente esta clase de problemáticas?

En primer lugar, hay un legado importante que tiene que ver con el estatuto temporal para migrantes venezolanos. Una respuesta importante para dicha población, que ha ayudado a estabilizar la situación de gente que estaba en condiciones muy dramáticas.

Sobre temas relacionados con seguridad en el país hay muchas complejidades, pero en el caso de Arauca en concreto hay un desafío enorme en cuanto a la protección de la población civil y una urgencia de que se revise la política de seguridad. Prima mucho la incertidumbre. Hay un temor permanente. Miedo fue una palabra que escuché muchas veces; también, estigmatización.

Vámonos a otra región. Los obispos de Chocó y otros líderes sociales y religiosos ratifican sus denuncias sobre alianzas paramilitares en esta parte del país entre sectores de la fuerza pública y el Clan del Golfo. Incluso, piden una reunión con el presidente Duque.

Yo fui con el presidente de la CEC y con otros obispos a Quibdó. Allí monseñor Rueda fijó una posición muy clara, diciendo que esto no puede ser tomado a la ligera. Se está trasmitiendo una realidad que no puede ocultarse y es que en estas zonas del país están pasando situaciones muy graves.

Según la CEC, estas regiones requieren una atención especial y un plan urgente. Esto se le informó al Papa y la situación muy grave de las regiones se está hablando también con los candidatos a la presidencia en estos días que estamos en la ronda, planteando lo que la Iglesia desde las regiones nos está diciendo. Estamos trasladándoles eso a los candidatos para decir: por favor, tengan en cuenta en sus agendas la situación de las regiones más empobrecidas y más golpeadas por la violencia.

Chocó y el occidente antioqueño son, a la vez, regiones codiciadas por grandes compañías. Varias zonas sembradas con minas antipersonales corresponden a áreas con títulos mineros.

Las grandes empresas, cuando entran a territorios donde ha habido un control de actores armados, tienen un desafío muy grande: cuál mecanismo de seguridad van a implementar. Eso lo hemos vivido de lado y lado. También hay reclamos desde múltiples ángulos sobre actividades económicas protegidas por sectores de grupos organizados al margen de la ley. Un asunto complejo es que, si Colombia ha tenido un conflicto armado y estamos viviendo una reconfiguración de territorios y de presencia territorial, eso es un desafío para cualquier empresa que entre en los territorios, porque, en principio, tendría que tener unos códigos muy claros de sus relacionamientos para garantizar la protección de su personal y de su actividad. Pero no se pueden establecer mecanismos vinculados a actores no estatales ni en contra de las comunidades.

Hay un desafío muy importante, porque eso es histórico. Ha pasado ya desde hace muchos años. Y ha habido reiteradamente el reclamo de las comunidades diciendo que es necesario que se aclaren cuáles son los mecanismos de protección o de seguridad que estas empresas utilizan.

En Jericó, municipio de Antioquia, la Iglesia católica rechaza la actividad de la AngloGold Ashanti. Y en este momento hay una gira por Europa de la red Iglesias y Minería, en la que también se ha hablado en contra de esta multinacional. ¿Usted qué opina de esta posición?

Yo estuve en Jericó no hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de conocer de cerca la posición del señor obispo. De escuchar también a los sacerdotes sobre la problemática que se ha creado. La preocupación de ellos tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de una zona que tiene una riqueza de producción de alimentos muy grande. Es una zona importante en cuanto capa vegetal y desde ahí han planteado una posición muy clara: aquí está de por medio el manejo de las aguas.

En ese sentido, la posición de ellos ha sido bastante crítica frente a esta gran mina sobre la cual ha habido mucha discusión. Y el llamado ha sido, en gran parte, hacia la autoridad ambiental: una demanda para que, realmente, estudie a fondo, pues hay estudios comparativos de lo que podría pasar.