Tarea de todos…

El pasado 16 de julio, la Congregación para la Doctrina de Fe publicó, por orden del papa Francisco, el Vademecum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual de menores. Documento esperado por largo tiempo y de gran utilidad para quienes deben asumir, en los tribunales eclesiásticos y en otras instancias, la instrucción de los delicados y dolorosos procesos de abuso sexual de menores cometidos por algunos sacerdotes y diáconos. 

Han ocurrido muchas cosas desde aquel abril de 2001, en el que el papa Juan Pablo II firmó la Sacramentorum Sanctitatis Tutela, primera respuesta ante el terrible flagelo. En los últimos decenios, ha surgido en la Iglesia un sano pero encendido debate entre teólogos y canonistas sobre las causas del abuso sexual y el mejor modo de afrontarlo y prevenirlo. Un debate que, hasta hoy, se mantiene abierto. Dada la complejidad del problema, han surgido también políticas de protección de menores, praxis jurídicas y pastorales, poco homogéneas entre unas diócesis y otras, entre unos países y otros. Las relaciones con las autoridades civiles han sido, en algunos lugares, foco de tensión y conflicto. El escándalo mediático ha golpeado, sin piedad, el rostro de la Iglesia, concediéndole una nueva y desconocida hermosura.

En estos lustros, el cuerpo normativo canónico en materia de delito sexual contra menores se ha ido enriqueciendo con rápidas y continuas modificaciones. Este ha sido un tiempo de luces y sombras, de aciertos y errores, de confusiones y claridades; tiempo de aprendizaje para la Iglesia, mater et magistra.

Hemos navegado aguas tormentosas. Por ello, no sorprende que algunos obispos y operadores judiciales hayan podido sentirse desorientados al afrontar un problema de magnitud creciente. Podemos entender así la importancia de este vademecum que busca acompañar, clarificar e iluminar, favoreciendo un clima de serenidad, comunión y unidad que coadyuve al establecimiento de buenas prácticas procesales. El vademecum no es, en efecto, un texto normativo más sino una “especie de manual” que va guiando a los obispos    y operadores judiciales a través de las distintas etapas procesales: la recepción de la denuncia, la investigación preliminar de los hechos y los posteriores procesos penales, en los que se debe establecer la imputabilidad o no del clérigo acusado.

Una guía muy necesaria, oportuna y clarificadora nos brinda este vademecum, fruto del empeño personal del papa Francisco, que ha hecho de la lucha contra el abuso sexual de menores y el encubrimiento una prioridad de su pontificado. El vademecum refleja en su redacción el particular estilo del primer papa latinoamericano: se trata de un texto abierto, que puede actualizarse periódicamente y adaptarse a las circunstancias de cada caso, se caracteriza por una redacción sencilla, de preguntas y respuestas -como el catecismo del padre Astete- que simplifica enormemente su lectura y comprensión, no reservada a los eruditos del derecho.

¿Qué novedades hay en este documento? Hay algunas importantes. El vademecum pone, en primer plano, la necesaria colaboración de las diócesis con las autoridades civiles, incluso cuando dicha colaboración no sea exigible por ley. A partir de ahora, no podrán ser automáticamente desechadas las denuncias anónimas que lleguen a conocimiento de los obispos o superiores religiosos. Toda denuncia que involucre a un menor de edad debe ser atendida e investigadas por las autoridades eclesiásticas. Y cualquier actitud de negligencia ante este importante deber podrá tener consecuencias jurídicas graves. Esos cambios requerirán, sin duda, la modificación de algunos puntos de las Lineas guía para la redacción de los decretos diocesanos para la protección de menores publicadas, en el año 2003, por la Conferencia Episcopal de Colombia.

En la arquidiócesis de Bogotá asumimos con ilusión el desafío que nos lanza el papa Francisco con este vademecum: seguir aprendiendo, sobre todo de las víctimas, de su dolor, para poner al centro de los procesos canónicos su dignidad y sus derechos. Llevaremos a cabo la tarea que nos corresponde revisando nuestras prácticas para ajustarlas a las directivas del Santo Padre y de la Santa Sede.

Será necesario abrir espacios de diálogo para unificar criterios en el seno del episcopado colombiano, de tal manera que la aplicación de este documento pontificio se haga realidad en todas las diócesis de nuestro país. Porque, si algo nos ha enseñado la realidad del abuso sexual de menores, es que nuestra Iglesia requiere de una visión más abierta, colegial y sinodal, que nos haga a todos -fieles y pastores- verdaderamente corresponsables en la tarea de crear entornos eclesiales, familiares y sociales seguros para nuestros niños y jóvenes.

Monseñor Pedro F. Mercado Cepeda

Vicario Judicial y Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá