La Iglesia filipina denuncia que la Policía mata en lugar de defender

El informe de Amnistía Internacional sobre los asesinatos que ha llevado a cabo la policía y sobre los sicarios en nómina dentro de las fuerzas del orden en Filipinas saca a la luz una verdad horrible de los “escuadrones de la muerte”, que matan en la impunidad, con la incitación y el apoyo del presidente Duterte. Son miles las ejecuciones sin un justo proceso y muchos inocentes son asesinados solo porque se sospecha que tienen que ver con la droga.

 «Los agentes —dice el padre misionero Cullen— cometen delitos de extorsión, chantajes, homicidios con el pretexto de llevar a cabo redadas contra la droga. La situación es muy grave. Como bautizados, creemos en la sacralizada de la vida y de la dignidad humana, y tutelamos a los más pobres. Acogemos en nuestras casas-familia a muchos jóvenes para protegerlos y salvarlos. Estamos protestando en contra de estos homicidios y esperamos que las voces de denuncia tengan cierto impacto».

 «El presidente dijo que quiere limpiar las fuerzas de policía de los criminales. Sin embargo es evidente que la policía está fuera de control y está en acto un negocio sobre estas ejecuciones de presuntos criminales. Es espantoso y esperamos que esta trágica huella de sangre de detenga lo antes posible».

 Voces de denuncia y peticiones para que se respeten los derechos humanos se escuchan desde los últimos meses entre la sociedad y entre varios exponentes de la Iglesia filipina, que ha expresado grave preocupación por el deterioro del estado de derecho. Ahora, el nuevo informe de Amnistía Internacional, posible gracias a una serie de investigaciones y testimonios reunidos a nivel capilar en más de 20 ciudades filipinas, confirma que «en los últimos meses la policía de Filipinas ha matado directamente o mediante sicarios remunerados a miles de personas por presuntos motivos de droga, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que podrían llegar a constituir crímenes contra la humanidad».

 El documento explica en detalle que la policía selecciona, sistemáticamente, como objetivos a personas pobres e indefensas de todo el país falsificando las pruebas, pagando a sicarios, hurtando las propiedades de las personas asesinadas y produciendo informes falsos sobre enfrentamientos que nunca se verificaron. «Personas acusadas de consumir o vender droga han sido asesinadas por dinero en esa que se ha convertido en una economía de los homicidios», explicó Tirana Hassan de Amnistía Internacional. «La policía está violando las leyes que debería hacer respetar y está obteniendo ventajas de los homicidios de personas las pobres a las que debería defender», prosiguió.

En una campaña que lleva siete meses en acto, han sido asesinadas en conjunto más de 7000 personas, con un ritmo de mil homicidios al mes, en el ámbito de la que fue presentada como «campaña nacional contra la droga», promovida y anunciada personalmente por el nuevo presidente Rodrigo Duterte que, tras haber asumido el poder, prometió librar a Filipinas de la plaga de la droga y de la criminalidad que genera.

 El informe de Amnistía Internacional explica que la policía, con base en listas de presuntos consumidores o vendedores de droga, entra a las viviendas privadas y mata a personas no armadas, e incluso dispuestas a rendirse. Falsificando los informes, la policía sostiene regularmente haber respondido a disparos. Los testigos escuchados por Amnistía contradicen estas reconstrucciones y explican que la policía lleva a cabo redadas nocturnas y abre el fuego. En algunos casos, la policía ha sembrado drogas y armas en las diferentes escenas del delito para utilizarlas como prueba.

 Otras personas denunciaron el trato inhumano que reciben sus familiares asesinados, pues no se les permite darles una sepultura. «La mayor parte de las personas asesinadas pertenecían a los sectores más pobres de la sociedad, incluidos menores de edad: uno de los asesinados tenía solo ocho años», reveló Hassan.

 Además, denuncia el informe, «los asesinatos cometidos por la policía son favorecidos porque desde arriba llegan presiones que incluyen la orden de neutralizar a presuntos criminales, además de los incentivos económicos que han creado una economía informal de los homicidios». Los agentes reciben pagos por cada «enfrentamiento», utilizando el término con el que las ejecuciones extrajudiciales son presentadas como operaciones legítimas. El tarifario va desde 8000 hasta 15000 pesos (entre 151 y 283 euros) por persona. También se habla de un «racket» de los funerales, pues las familias que quieren recuperar los cuerpos deben pagar a funcionarios corruptos.

 En los últimos meses, más de 4100 asesinatos por motivos relacionados con la droga fueron cometidos por desconocidos, es decir sicarios, quienes confesaron a Amnistía Internacional seguir las instrucciones de agentes de policía: por una persona consumidora de drogas asesinada el pago sería de 5000 pesos (unos 95 euros); si la persona asesinada vende drogas, en cambio, el pago iría de 10.000 a 15.000 pesos (entre 190 y 285 euros).

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