¿Cómo está la situación de los migrantes en el Darién?

Buscando fortalecer los procesos de asistencia, protección, promoción e incidencia en favor de las personas migrantes y refugiadas desde la Iglesia Católica, entre el 23 y el 26 de julio, se llevó a cabo en Necoclí, municipio ubicado en la subregión del Urabá, el encuentro ‘Caminando Juntos por el Darién’. 

La iniciativa fue convocada por la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red CLAMOR) que, tras esta visita, insiste en la urgencia de garantizar una migración segura y digna para todos. 

La jornada incluyó talleres formativos, una visita a campo para conocer la situación actual de estas comunidades y un encuentro con parlamentarios, participaron cerca de 40 personas. Entre ellas, el obispo de Apartadó, monseñor Carlos Alberto Correa Martínez; representantes de las Cáritas de Colombia, Venezuela y Panamá; agentes de las pastorales diocesanas de Apartadó e Ipiales; así como miembros de comunidades religiosas y de otras organizaciones que trabajan en esta dimensión humanitaria.

Necoclí es la puerta de entrada del Darién, región selvática que abarca parte de Colombia y Panamá, un lugar por el cual continúan transitando miles de personas (muchas de ellas, de origen venezolano), con el sueño de migrar hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida, transitorias o permanentes. Entre ellas: ayuda humanitaria, apoyo gubernamental, acceso a trabajo, salud, educación y otras posibilidades de subsistencia y desarrollo. Un sueño por el que, en ocasiones, se ven obligados a pagar “altos precios” (monetarios o humanos), incluso, con su propia vida, dado el nivel de riesgo de la zona.

Durante esta visita a Necoclí, los representantes de la Iglesia pudieron identificar la persistencia de problemáticas relacionadas con violencia institucional, crimen organizado y delincuencia común. También, se percataron de que la violencia económica es uno de los factores que más afecta hoy a los migrantes y del que poco se habla.

A propósito del reciente cierre de tres pasos de acceso regular en Panamá, afirman que no perciben esta como la medida adecuada, ni la más humanitaria para controlar la situación: 

"Muchas familias me han compartido que en sus países de origen no hay ya nada, no hay futuro, no hay esperanza tampoco, por eso buscan una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos (...) Aunque cierren fronteras, van a seguir pasando, así que hay que dialogar para garantizar una mejor atención (...) El pueblo panameño no está de acuerdo con estas decisiones de cierre, las vemos como imposiciones; hemos venido mirando con algunas autoriadades cómo hacer más flexibles estas normas", expresó el padre Eric Fernández, Misionero Claretiano en el Vicariato Apostólico del Darién en Panamá. 

Un encuentro por la incidencia

Ante la crisis humanitaria provocada por la falta de garantías para esta población que se ve obligada a transitar la frontera entre Colombia y Panamá por el Tapón del Darién, el 25 de julio se llevó a cabo en Necoclí una Audiencia Pública convocada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y la Asamblea de Antioquia. El objetivo central de esta asamblea fue escuchar las demandas realizadas por las comunidades afectadas, así como abordar el tema de negocios ilegales que se dan en la frontera, como consecuencia de la migración.

En dicho espacio participó la Red CLAMOR presentando a los parlamentarios delicadas realidades que persisten hoy en la región en torno al tema de la movilidad humana: la violación de derechos humanos, la trata y tráfico de personas, la violencia de género, el uso y abuso de niños, niñas y adolescentes. Situaciones que han logrado identificar, gracias a la permanencia y misión en campo de las diversas instituciones eclesiales que integran esta Red, como Cáritas Colombiana, el Servicio Jesuita de Refugiados, la Fundación Eudes, la Red América Social Salesiana y la Congregación de Misioneros Claretianos, entre otros.

En el informe presentado, la Red CLAMOR dio a conocer que “más del 57% de la población se encuentra bajo la influencia de algún Grupo Armado No Estatal (GANE), convirtiéndose en un lugar en el que confluye el conflicto armado y en el que se deben garantizar los estándares del Derecho Internacional Humanitario”. 

Así mismo expusieron que, según cifras registradas por la Cáritas colombiana, “el 80% de la población inician su viaje debido a la falta de empleo, bajos recursos, seguridad alimentaria y la vulneración masiva de derechos humanos".

También, dieron a conocer que “las graves fallas en los procesos de ingreso a los países de manera segura, acrecientan esta crisis migratoria por el Darién: ausencia de permisos temporales, facilidad ante la migración irregular, la institucionalidad desconoce cifras reales, autoridades migratorias que no realizan seguimientos certeros de casos sensibles”.

El migrante: “un lugar teológico de encuentro con Jesucristo”

Elvy Monzant, Secretario Ejecutivo Red CLAMOR- Venezuela, destacó la importancia de la solidaridad y el respeto de los derechos humanos en los temas relacionados con la migración. Recordó que la migración es un derecho establecido en la Declaración de Derechos Humanos y, por tanto, se deben garantizar condiciones seguras y dignas para su cumplimiento.

“Estamos juntos tratando de analizar posibles alianzas que nos permitan a las organizaciones de la Iglesia Católica que trabajamos con migrantes, tanto en Colombia como en Venezuela y en Panamá, desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan, en primer lugar, visibilizar lo que realmente acontece. Sensibilizar a toda la Iglesia sobre el necesario compromiso cuando entendemos al migrante como lugar teológico de encuentro con Jesucristo, pero también como lo asumimos como un sujeto protagonista de su propia historia”, expresó Monzant.

El padre Jesús Salinas, representante legal de la Corporación Scalabrini, dio a conocer en la audiencia algunas de las situaciones de vulneración de derechos cometidas en las rutas migratorias. Destacó el influjo de los grupos armados ilegales y la urgencia de establecer estándares de Derecho Internacional Humanitario y Refugio. Al referirse a la conexión entre la trata de personas y otros crímenes, enfatizó en la urgencia de brindar una respuesta estatal integral y establecer acciones de control desde la perspectiva regional.

Tras escuchar estos y otros llamados, el representante a la cámara Alirio Uribe Muñoz hizo énfasis en el compromiso que les deja esta Asamblea, teniendo presente que son los derechos humanos los que guían las acciones del Estado. Destacó también que la crisis humanitaria por la cual pasan los migrantes del Darién se hace presente como un desafío urgente para Colombia.

En este espacio también se dieron a conocer algunos de los esfuerzos que realiza la Red CLAMOR para combatir la xenofobia y el racismo, construyendo así puentes de solidaridad. 

Un decálogo con llamados humanitarios y políticos 

Tras estos días de encuentro, la Red CLAMOR presentó un decálogo de peticiones a los parlamentarios y al Gobierno Nacional que prioriza la atención de necesidades básicas de las comunidades de las regiones del Urabá antioqueño y del Darién chocoano que, a lo largo de la historia, han sido olvidadas por el Estado, pues “es imposible pensarse en una atención integral a la población migrante si en las comunidades de acogida existen necesidades multidimensionales y problemáticas sociales”, así lo expresan en el documento.

Entre los diez puntos presentados a los Diputados, Ministerios e Instituciones del Estado colombiano, los representantes de la Iglesia proponen que haya “una articulación de las instituciones del Estado a nivel nacional, regional e internacional, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República de Colombia, para reactivar los mecanismos como el Parlamento Andino y el Observatorio de Migraciones”.

También insisten en la urgencia de garantizar el derecho a migrar de forma segura. Esto implica que “el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia desarrolle mecanismos efectivos para el acceso a las rutas de protección internacional, protección temporal y protección complementaria como lo menciona la sentencia de la Corte Constitucional SU 543 de 2023”. 

Además, se refieren a la necesidad de “crear mecanismos de prevención y protección, liderados por el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a delitos hacía la población migrante”. Al tiempo, mejorar la capacidad instalada para la atención y protección, especialmente en favor de los menores de edad, enfatizando en los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus padres o que se enfrentan solos a esta riesgosa situación. Se recalca la necesidad de una política integral migratoria con enfoque en derechos humanos. 

El encuentro terminó dejando iniciativas claras, tanto para la Iglesia como para el parlamento y el gobierno colombiano, con el fin de trabajar por mitigar las difíciles situaciones que se viven en el Darién y mejorar las condiciones migratorias dentro de la región. Desafíos que, en medio de la incertidumbre política que viven hoy los migrantes venezolanos, que continúan siendo mayoría en el Darién, pueden ayudar a encender una luz humanitaria y pastoral de esperanza.