Diálogo y cumplimiento de la Ley

Con sabiduría pastoral y con inmenso sentido común, el arzobispo de Bogotá, Cardenal Rueda Aparicio, ha llamado a la dirigencia política colombiana a sentarse a conversar sobre los temas que hoy los tienen enfrentados de un modo preocupante. Ha dicho el prelado que si los miembros del gobierno son capaces de sentarse a hablar con grupos armados ilegítimos, con más veras debe ser posible hacerlo con quienes están en el mundo de la política y en las funciones que la Constitución les asigna. Lo grave es que la actual forma de relacionarse entre el partido gobernante y el resto de la sociedad política y sectores del Estado es de una violencia verbal muy encendida. Como siempre, los malos efectos caen sobre los ciudadanos colombianos.

El actual gobierno ha sido un abanderado, al menos verbalmente, de la paz total. Pero esta no parece abarcar el campo de la comunicación que, desde sus voceros, es tremendamente agresiva con los adversarios. Y estos tampoco tienen tono menor. El peligro está en que no se sabe en qué momento este ofenderse continuamente pueda convertirse en la chispa que lleve a la violencia física y letal. Recientemente un equipo de periodistas fue agredido en Bogotá al cubrir una manifestación que violaba el derecho a la libre movilización de los ciudadanos en el transporte público. Un ejemplo de cómo, poco a poco, se va sembrando una clara incitación a la violencia que, una vez iniciada, es muy difícil de detener. El llamado a la sensatez por parte del Arzobispo Primado es muy oportuno y que sea escuchado es lo más deseable.

Pero también cabe decir que en el fondo de las actuales controversias se sitúa la actitud de los gobernantes ante la Constitución y la ley. Recientes determinaciones de los órganos de control han sido muy mal recibidas por el ejecutivo y secundadas por sus escuderos, especialmente en el parlamento. En un Estado real de derecho, la Constitución y la Ley obligan a todos y especialmente a quienes tienen las riendas del mismo Estado. No es nueva esta actitud confrontadora de los gobernantes frente a los entes de control o frente al aparato judicial. Pero siempre en Colombia se ha terminado por acatar lo que estos determinen. No tiene ninguna presentación una especie de llamado amenazante para que las multitudes lleven a cabo una especie de sitio a estas instituciones para que sean absolutamente complacientes con el gobierno de turno. En la democracia verdadera hay ramas diferentes del poder, hay controles, hay leyes y a todos los ciudadanos, también a los gobernantes, les corresponde conocerlas y acatarlas.

El arzobispo Rueda Aparicio ha ofrecido la mediación de la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal para que los contrincantes políticos se sienten a dialogar y para que, una vez más, recuerden que el primer bien que hay que buscar es el de todos los ciudadanos y nada debe estar sobre este propósito. La violencia verbal que hoy caracteriza la esfera política colombiana deja la sensación de que no hay ninguna reflexión cuidadosa sobre el efecto de todo esto sobre la ciudadanía. Es la lucha por el poder. Es la batalla interminable por los recursos del Estado. Es la vanidad personal llevada a sus extremos más fastidiosos. 

Nadie está por encima de la Constitución y las leyes de la República. Sobre esta base se debe dar el diálogo para que pueda producir frutos de concordia social. Y Colombia entera tiene derecho de pedirle a sus gobernantes y a toda la casta política mucha más altura y decencia en todo lo que hacen. De momento tienen al país en un mar de incertidumbre, pesimismo y temor, lo cual es una verdadera injusticia. Como si ya no tuviera la nación suficientes problemas.