El país se construye si establecemos puentes 

“Señor y Padre de la humanidad (…) inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”. Papa Francisco, Fratelli Tutti, (oración al Creador)

El Centro de Fe y Culturas, institución integrada por un grupo de hombres y mujeres con liderazgo en diversos ámbitos de la sociedad, que trabajan desde una perspectiva ética y espiritual por el respeto de la dignidad humana, la equidad, la justicia y la paz, considera necesario compartir con la sociedad colombiana algunas consideraciones que creemos de valor para enfrentar la actual crisis del país. 

Los siguientes puntos son una invitación a la reflexión en el anhelo de contribuir a encontrar una salida y evitar que la evolución de los actuales conflictos sociales nos lance al abismo de una violencia generalizada o de una mayor postración social como nación. 

1. Todos los colombianos y colombianas soñamos con un mejor país, pero parece que cada sector quiere imponer a los demás su propio sueño. La situación actual evidencia que el país no puede seguir por la senda actual. Las violencias que han irrumpido en estas semanas nos distancian del país incluyente y promisorio deseado. Si pretendemos conquistar ese sueño común es necesario aferrarnos al menos a un mínimo de valores compartidos: respeto, diálogo, escucha, objetividad, honestidad y generosidad. 

2. Tenemos el reto de no ejercer y de rechazar categóricamente toda forma de violencia, incluso verbal. El país tiene una larga historia de violencias que no podemos seguir repitiendo y acrecentando. La violencia pisotea la dignidad humana. Los asesinatos de jóvenes y líderes sociales, las masacres, los desaparecidos, los detenidos arbitrariamente, los heridos, las agresiones físicas tanto a civiles como a policías y a mujeres, además de las acciones vandálicas ocurridas durante las actuales protestas, son una inaceptable realidad. Ese no es camino para ninguna solución. Profundiza los males que queremos enfrentar. La acción violenta de unos genera una reacción similar de otros en una cadena sin fin, que sólo produce el absurdo resultado de generar más víctimas, profundizar los odios, deshumanizar a quienes la cometen y destruir los frutos del trabajo. 

3. La sociedad colombiana necesita reformas urgentes y profundas que la hagan más incluyente y equitativa. Las protestas, su duración y extensión a lo largo y ancho del país, son un clamor que no debe silenciarse o esquivarse. Expresan la inconformidad con la desigualdad y la pobreza de millones. Se requieren reformas que corrijan los graves problemas estructurales que vienen de atrás y que generan grandes abismos sociales visibles en ciudades y regiones. La dirigencia nacional no puede dilatar más tiempo su atención. Tales cambios serán posibles si hay compasión y solidaridad por parte de todos, especialmente de quienes tienen mejor condición económica o gozan de privilegios; si hay esfuerzos mejor estructurados para brindar asistencia social, pública y privada, a quienes carecen de ingresos; y, si hay un fortalecimiento del sector productivo para que genere más y mejor empleo, produzca más riqueza compartida y cuide nuestro medio ambiente. Este propósito requiere un esfuerzo constructivo, consensual y respetuoso de todos, en el que se preste particular atención a los sectores sociales más vulnerables y especialmente a los jóvenes, de modo que el futuro les sea menos incierto. 

4. La polarización política nos distancia irreconciliablemente. Es necesario salir de las dinámicas que generan, en grupos y personas, el mutuo rechazo por tener visiones políticas diferentes. Esta actitud distorsiona 

la realidad y construye narrativas que caen en el absurdo de situar toda la responsabilidad de los males existentes en manos de quienes tienen otra visión del país y otras propuestas de desarrollo social. La polarización es un fenómeno, político y psicológico, que suscita actitudes de intolerancia y exclusión progresiva hasta condenar a quienes piensan diferente, configurándolos como enemigos. El salto de tal imaginario al insulto o a la agresión física es solo de un paso. Igualmente, satanizar grupos o instituciones como el Estado, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, las empresas, los gremios, o sectores sociales como los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, etc., en lugar de verlos en sus complejas realidades, lesiona el tejido social e impide que cada sector aporte lo suyo, poniéndolo a la defensiva. Nos urge, como sociedad y como personas, salir de la dinámica que establece dos polos inconciliables con posiciones monolíticas. 

5. La protesta social es un derecho legítimo consagrado en la Constitución, pero no es absoluto. Debe sujetarse a límites éticos y ejercitarse respetando otros derechos también legítimos y no menores. Las protestas pacíficas, unidas a las expresiones artísticas, expresan el respeto a la vida, a la libre expresión y a la participación ciudadana. En la historia de la humanidad las protestas sociales han contribuido al reconocimiento de la dignidad humana y a los cambios sociales. No deberían estigmatizarse porque están señalando dolores sociales y rechazo de inequidades e injusticias, además de reclamar una administración eficiente del Estado, capaz de llegar a todos los territorios y de combatir vigorosamente la corrupción. 

Aunque la protesta modifica la vida cotidiana y los flujos normales de la sociedad, no puede, sin embargo, pasar por encima del respeto a la vida. Acciones como el bloqueo de las carreteras son una forma de violencia que lesiona el derecho a la vida, al trabajo, a la movilidad y al abastecimiento en víveres y recursos de salud. El recorte de suministros que produce desabastecimiento, como estrategia de presión, pone en peligro la vida de millones de personas y no puede aceptarse como forma de expresar un reclamo sectorial que puede ser legítimo. El bloqueo de las vías de acceso es una agresión a la colectividad ciudadana al imponer a otros el propio interés, produciendo daños a la economía, elevación de precios y en definitiva mayores penurias a quienes tienen menos recursos. 

6. La Fuerza Pública debe ser la garantía y el dique contra la violencia. En el marco de un Estado de Derecho, como el acordado para Colombia en la Constitución Política de 1991, la Fuerza Pública debe ser la única portadora de armas, con facultad para hacer uso legítimo de la fuerza, siempre y cuando se someta rigurosamente al respeto de los Derechos Humanos y a las leyes vigentes del país. Garantizar la seguridad y libertad de personas y bienes, sobre todo si éstos son estratégicos para el funcionamiento de una ciudad o una región, es función ineludible de la Fuerza Pública. Las evidencias de excesos y crímenes cometidos por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas son indignantes y menoscaban la legitimidad de la institucionalidad. Por su estatura Constitucional, la Fuerza Pública tiene el deber moral de comportarse como garante de libertades y derechos y no como un agresor. De otro lado, es igualmente indignante y criminal la acción de grupos vandálicos que desnaturalizan y perjudican la legítima protesta, destruyendo bienes públicos y privados, además de actuar agresivamente contra la Fuerza Pública. 

7. Las mayorías y minorías del país poseen los mismos derechos. Las distintas posiciones políticas e ideológicas, como los distintos actores en el Paro, reclaman ser voceros de las mayorías del país y legitiman su acción en ellas. Fundamentar la propia posición con el pretexto de tener el apoyo de las mayorías nacionales, a veces con el soporte de encuestas, puede inducir al autoengaño de considerarse poseedor de la verdad y poseedor del derecho de imponerse sobre los demás. Se rompe así toda dinámica de solidaridad, escucha y respeto del diferente o de quien supuestamente es minoría. Lo que el país requiere en esta hora es justamente lo contrario: el reconocimiento de que cada persona que habita este territorio tiene iguales derechos, independientemente de su pensamiento, condición o situación. 

8. Es la hora del diálogo nacional a todos los niveles. Para construir juntos el país es inaplazable la conversación, la mutua escucha y la rápida búsqueda de consensos. Es una exigencia para el Gobierno, sus opositores políticos, el Comité del Nacional del Paro, las instituciones e incluso al interior de las mismas familias. El diálogo es un camino exigente, pero desalienta la polarización, tiende puentes y reconoce la dignidad del otro. Tanto el Gobierno Nacional, el Comité Nacional del Paro y los sectores movilizados sin encontrarse representados en esta última instancia, tienen la responsabilidad de ser generosos para encontrar la vía común que detenga esta crispación colectiva en la que todos reclaman lo suyo, independientemente de los demás, en un diálogo de sordos. Sin el diálogo franco sobre una agenda que pueda atenderse en corto plazo, sin la escucha respetuosa y empática que se esfuerza por encontrar puntos de acuerdo, el conflicto tenderá a escalarse acentuando los odios. El diálogo para negociar exige concesiones. Es necesario salir de la exigencia del “todo” o “nada”. Ciertamente las soluciones pactadas traerán ventajas para todos y serán mejores que el desgaste colectivo que tiene la prolongación del paro, la protesta y la violencia. 

En síntesis, para construir el país que todos soñamos, es beneficioso adoptar una actitud reflexiva, no impulsiva, y abierta a otros. Las palabras del Papa Francisco citadas al comienzo son iluminadoras. En esta hora nacional son imperativos la sensatez, la persuasión, la concertación y los acuerdos. Es lo único que nos pondrá en una senda de futuro para todos. Es necesario construir puentes, en lugar de levantar muros o crear abismos, dilatando una confrontación que puede deshumanizarnos. 

Gabriel Ignacio Rodríguez, sj 

Director 

Centro de Fe y Culturas 

Medellín, mayo 15 de 2021