Una propuesta renovada de ‘Mínimos para la reconciliación y la paz en Colombia’

En 1999, en el marco de los esfuerzos del gobierno de Andrés Pastrana por establecer los diálogos con la antigua guerrilla de las FARC en el Caguán, hice parte de una delegación enviada por la Conferencia Episcopal de Colombia a El Salvador para conocer la experiencia del proceso paz que se estaba implementando en ese país, esto bajo el propósito central de establecer referentes para acompañar y apoyar, desde la misión evangelizadora de la Iglesia, los esfuerzos por construir la ansiada paz para Colombia.

Durante aquella experiencia, en entrevista con monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador para ese entonces, me marcó la analogía propuesta por él para exponer la manera de abordar el trabajo por la reconciliación y la paz en un país con conflicto armado interno, nos dijo: “un país en conflicto armado interno es como una casa que se incendia, entonces, hay que, primero, auxiliar a las víctimas; segundo, ayudar a apagar el incendio y tercero, reconstruir la casa”.

De acuerdo con monseñor Rosa, en cada paso, se requiere establecer unas líneas rojas, es decir, unas pautas mínimas a partir de las cuales asumir las tareas a desarrollar, sobre las que ya no hay margen de laxitud y a partir de las cuales se puede avanzar hacia unos máximos de restauración de la vida digna de todos, hasta llegar a un establecimiento de relaciones para la convivencia armónica y justa entre los conciudadanos; proceso que tiene como horizonte no un simple cese de hostilidades, sino que da paso a una paz estable con reconciliación.

Bajo dicha lógica, para el caso de Colombia y su conflicto armado, la CCN está convencida que se requiere que, tanto el Estado, como los actores armados y la sociedad civil, asuman una serie de condiciones o principios, desde sus respectivos niveles de corresponsabilidad, como mínimos para afrontar la construcción de este tipo de paz:

1. Para la atención a las víctimas, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, constituye una especie de línea roja pactada por la comunidad internacional, en el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional a esos convenios de Ginebra, e implica la atención a las personas y bienes protegidos, en función de las personas, para no victimizar o revictimizar a los pobladores, que no se han involucrado como actores armados activos, e incluso a actores armados que han sido reducidos y/o cesado en su condición de armados activos en el conflicto.

La CCN asume estos mínimos y los difunde en su tarea evangelizadora. Aunque estos mínimos del DIH son efectivos y eficaces para el momento del conflicto armado, no están para resolver o acabar el conflicto armado, sino para que el conflicto armado no acabe con la humanidad; de ahí la necesidad de implementar y aplicar otras condiciones para los dos pasos siguientes.

2. Definir los mínimos para apagar el incendio, es decir, propiciar condiciones, para que se dé no solo un cese al fuego o de hostilidades, sino, la culminación o clausura del conflicto armado, mediante diálogos que lleven a acuerdos de paz, como los ya logrados con el M19; las FARC y en el marco de la desmovilización de las AUC.

3. Establecer políticas públicas y un ajuste profundo al “contrato social”, que permita reconstruir la casa; es decir, reconstruir las relaciones políticas, sociales y económicas en clave de ecología humana y ambiental en Colombia, que posibiliten restaurar la dignidad plena a las víctimas y mejorar las condiciones de los habitantes del país a niveles de justicia con equidad, de modo que se propicie la resiliencia personal y comunitaria.

Estas políticas deben estar orientadas a generar transformaciones sistémicas, estructurales y sobre todo culturales, para las que se requiere verdadera voluntad política y social.

Los acuerdos de Paz en El Salvador desarrollaron muy bien los aspectos y garantías políticas, y hubo voluntad de todas las partes para implementarlos, al punto que, en los cinco primeros años de su implementación solo se produjo el homicidio de una persona excombatiente desmovilizada. Sin embargo, en esta fase no se abordó adecuadamente el componente social y económico, lo cual ha llevado a que, desmontado el aparato militar del frente Farabundo Martí y de las fuerzas militares salvadoreñas, no se lograran desmontar las relaciones de inequidad y acumulación oligopólicas económica y social, así como la cultura ‘mafiocrática’. Esta realidad ha dado paso a nuevas formas de actores violentos y de conflictos armados, como el de las llamadas ‘maras’.

En Colombia, a pesar de la relativamente bien llevada desmovilización del M19, se dio un alto costo en víctimas de excombatientes, y los acuerdos de Ralito, por su parte, no han frenado el resurgimiento del paramilitarismo en nuevas generaciones.

Sumado a lo anterior, la no completa implementación de los acuerdos con las FARC junto a la falta de trabajo de todos por generar cultura del reencuentro, más la ruptura de diálogos de paz con el ELN en el anterior gobierno, han generado más de 300 desmovilizados agredidos a muerte y la agudización de otras formas de conflicto armado en el país.

Desde el 2007 la Comisión de Conciliación Nacional, con el aporte de sus comisionados, ha estado implementando un ejercicio de construcción participativa, con actores representativos de múltiples sectores y regiones del país, desde poblaciones de diversidad étnica, de género, etaria, religiosa; socio-económica y política, actores armados desmovilizados y funcionarios institucionales, para ‘apagar el incendio’ y reconstruir la casa común.

Este proceso llevó a que en 2016, bajo la secretaría general del padre Darío Echeverri González, la CCN pudiera consensuar con más de 7.000 colombianos de 15 regiones del país, ocho mínimos para la reconciliación y la paz de alcance nacional, mínimos que apuntan a dar soluciones estructurales a necesidades básicas y reclamos históricos, clave para destrabar la resolución del conflicto en Colombia; avanzar hacia una cultura democrática, de transparencia y lucha contra la corrupción y el narcotráfico; profundizar la democracia participativa  e incluyente; así como implementar políticas públicas a nivel nacional y territorial.

Considerando la velocidad con que se han estado produciendo los cambios sociales y políticos en Colombia, para el año 2020, se inició un proceso de renovación de esos mínimos, con el fin de establecer cuáles de los propuestos anteriormente tienen vigencia y qué nuevos mínimos se requieren implementar o promover para avanzar en la búsqueda o construcción de una Colombia reconciliada y en paz.

Para ello, se vienen realizando nuevas consultas a los colombianos, hasta ahora, en 30 departamentos y más de 31 jurisdicciones eclesiásticas del país; aportes que nos servirán de referentes par encausar con mayor fidelidad al Evangelio, a las y los colombianos y a la Iglesia, nuestro trabajo de anunciar el reino de Dios, asumiendo el rol de facilitadores y acompañantes de todo esfuerzo comunitario por la paz y la reconciliación desde los caminos de la verdad, la justicia y la solidaridad.

Al tiempo, esperamos que este trabajo nos ayude a continuar articulándonos con aquellos que, desde otras instituciones y órganos estatales, deseen trabajar, sin protagonismo y sin mezquindades, por esta importante y urgente misión.